Pueblo Mapuche

CONFLICTO MAPUCHE: MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y MONTAJE POLÍTICO

(Juan S. Leiva T.)

El miércoles 12 de agosto un contingente del militarizado GOPE de Carabineros reprimió en Collipulli a las comunidades que recuperaban tierras ancestrales. Tras esto, persiguió a los comuneros por más de un kilómetro hasta tierras de las comunidades. Allí mismo utilizó armas de fuego con las que dio muerte por la espalda a Jaime Mendoza Collío (padre, 24 años). Las evidencias señalan que un grupo de policías se ensañó con el cuerpo de Mendoza después de muerto, golpeándolo brutalmente. En el lugar resultaron varios de sus parientes heridos y se detuvo a una decena de ellos que intentaron rescatar el cuerpo para evitar lo que todos presumen en la zona: el ocultamiento de evidencias y el montaje.

                          

Desde ese día, las movilizaciones en el campo se intensificaron desde Malleco hasta Arauco. A lo largo del país se produjeron protestas en solidaridad con el pueblo mapuche, las que fueron reprimidas violentamente y sin dilación en un intento de aislar el hecho y “bajarle el perfil”. En Concepción, el 14 de agosto, Fuerzas Especiales actuó sobre el inicio de una marcha pacífica, utilizando desproporcionado contingente policial con apoyo blindado. Una quincena de detenidos fue sometida a malos tratos y un joven mapuche –en un acto ejemplarizador- fue torturado ante los detenidos hasta la pérdida de conciencia dentro de un carro policial.

Este escenario nacional contrasta con el temido juicio a las condenas internacionales. Las organizaciones de DD.HH. y las instancias internacionales evaluaban el mismo 12 de agosto al Estado de Chile en la ONU, en materia de discriminación racial. Se sabe, sin embargo, que los asesinatos de Alex Lemun (2002) por un mayor de carabineros y de Matías Catrileo (2008) por un cabo, no han tenido castigo. Tampoco se hizo justicia por el fusilamiento público del obrero Rodrigo Cisternas (Arauco 2007), también a manos de Carabineros.

El gobierno ha manejado el conflicto mapuche con una estrategia basada en dos líneas complementarias: por una parte, la implementación de un asistencialismo profusamente difundido y ejecutado a través de CONADI, que promueve la captación y el sometimiento voluntario, y por otra parte, la represión y la criminalización de los actos de reivindicación mapuche, militarizando territorios en manos de las forestales y dando amplia difusión del viejo pretexto del terrorismo, que le ha permitido apelar a las leyes más odiosas de Pinochet, como la Ley Antiterrorista. De esta forma, se construye el libreto para representar la comedia del “mapuche bueno” y el “mapuche malo”.

Parte de la estrategia ha consistido en levantar la figura del grupo terrorista, para lo que ha satanizado la imagen de la Coordinadora Arauco Malleco, CAM, identificándola con la ocupación de tierras y las acciones contra las forestales (quemas y recuperaciones). Esto ha constituido la principal justificación para dar lugar a la militarización del territorio y la protección policial exclusiva de las empresas privadas, convirtiendo a Carabineros en un organismo de seguridad particular. A la vez, la CAM ha sido objeto de espectaculares operaciones mediáticas, como los traslados de líderes usando equipos tipo comando para dar la sensación de que esos líderes mapuche son sujetos de alta peligrosidad. Es el caso de la detención de José Huenchunao en la que hubo un intenso despliegue de hombres armados, helicóptero y vehículos. El perseguido líder de la CAM vestía las ropas ajadas del trabajo campesino y evidenciaba una extrema delgadez a causa de enfermedad y cansancio. Escenas absurdas representadas a través de los medios de comunicación y acompañadas de triunfantes declaraciones de las autoridades.

A pesar de los cientos de procesos judiciales en el marco del conflicto, de los 60 procesados y 40 prisioneros políticos (nueve en El Manzano), en más de diez años el Estado no ha logrado frenar la lucha mapuche. Todo prueba que se trata de una operación mediática para construir “opinión pública”. La prensa encabezada por COPESA ha dado plena cobertura a los fiscales anti-mapuche cada vez que se pronuncian. De esta manera, cuando amainan las acciones del pueblo mapuche, gobierno, fiscales y policía dan cuentas alegres de sus “éxitos” sobre la CAM. Pero, en tanto el conflicto social retoma su fuerza, los mismos reaparecen para hablar de “rearticulación” o de “renovación de cuadros”, reanimando la tesis de que la CAM “sigue operativa”.

Desde fines de julio pasado, en medio del alza de las tomas de terrenos, los titulares de El SUR (sucursal de El Mercurio) informaban que eran detenidos los “jefes operativos” de la CAM, Héctor Llaitul Carillanca, el 16 de julio, y Luis Trancal Quidel, el 5 de agosto; especulaban acerca de nexos y supuestos entrenamientos militares con las FARC de Colombia y con el movimiento nacionalista vasco, junto a informaciones de atentados explosivos cometidos por la ETA en España (“Vascos estarían tras conflicto mapuche” 6/8/09, seis días antes del asesinato de Mendoza), de rearticulación o renovación de la CAM (“Espina se suma a certeza de que la CAM continúa en operaciones”, ante dichos de fiscales, 12/8/09). Coparon de esta forma espacios y desfiguraron la movilización masiva de comunidades mapuche en la IX región y Arauco. Pero, curiosamente, en Chile no se comentó que en España había periódicos informando de la persecución y expulsión de ciudadanos vascos pertenecientes a la ONG Askapena, solidaria con el pueblo mapuche.

En la utilización de los medios de comunicación, las fuerzas represivas y la Justicia, de los ministros y del juego parlamentario, oficialidad y derecha apenas se distinguen por diferencias de énfasis. Han compartido la política de militarización y el refuerzo de contingentes en la zona. Las bulladas gestiones parlamentarias se muestran ineficientes ante el “problema mapuche” y da la sensación de que las iniciativas de los políticos son verdaderas apuestas a “caballo cojo”.

Las operaciones comunicacionales y los montajes, son un arma determinante. Es así que poco o nada se sabe que el 7 de julio pasado una masiva delegación de lonkos y familias de 200 comunidades mapuche viajó a Santiago y pidió entrevista en La Moneda para dialogar con la Presidenta sobre tierras y otros puntos de conflicto. Pero Michelle Bachelet no les recibió. Entonces, las comunidades declararon que no les quedaba otra opción que intensificar la recuperación territorial.

La población chilena empezó a escuchar de “enfrentamientos” con carabineros en distintas partes de la IX región a mediados de julio, junto a informaciones sobre la CAM, los vascos, etc. Con el crecimiento del movimiento en el sur, se vuelve a hablar de terrorismo. Es detenido Llaitul (meses después de ser absuelto por la Justicia) y después Trancal en Santiago, ambos acusados de terrorismo. A la par se refuerzan los operativos en las zonas en conflicto, que resultan finalmente en el asesinato de Jaime Mendoza. No se supo que antes, el 23 de julio, ya habían tres comuneros heridos por la espalda en la comunidad Coñomil Epuleo (Ercilla) y que Benjamín Curinao (25 años) de la comunidad Temucuicui, era herido de bala en uno de sus ojos (Revista El Quinto, 11 de agosto).

Incontenible el escándalo, Bachelet interviene para “lamentar” la muerte de Mendoza Collío (13 de agosto) y agrega que su gobierno repudia la violencia y que se manifiesta a favor del diálogo para resolver las “legítimas reivindicaciones del pueblo mapuche”. A pesar de esto, días después del asesinato de Jaime Mendoza, su ministro del Interior, E. Pérez Yoma, declaraba su apoyo al accionar de Carabineros y afirmaba que éstos hacen los esfuerzos para dar con “los delincuentes que han provocado esta situación”.

Las comunidades en conflicto reaccionaron ante el crimen de Jaime Mendoza con ira por varios días, hasta su funeral (16 de agosto), al que asisten más de tres mil mapuche. Enseguida se pronunciaron respondiendo que si la presidenta quiere dialogar, esta vez debe ser ella la que concurra a la zona para reunirse con las autoridades del pueblo mapuche. En cambio, el gobierno designó para esta relación al secretario general de gobierno, José A. Viera Gallo, recién el 26 de agosto, celebrado por RN y la UDI. El PPD (partido de Viera G.), por otro lado, pidió en una declaración la destitución del general Llévenes, a cargo de la IX región; un discurso pasajero que jamás sus autores defendieron ni tuvo réplicas en la Concertación. Algunos congresistas se pronunciaron por la creación de cupos parlamentarios exclusivos para ciudadanos mapuche, propuesta que también ha gustado entre representantes de la derecha. Pero la cuestión territorial sigue el mismo curso. Aunque se sabe que entre los afectados con la recuperación de tierras se encuentran parlamentarios de la derecha e incluso un ministro del gobierno, el problema es más bien que el tema es delicado para los capitales forestales y las mineras (como la del proyecto Manto Rojo en Lleu Lleu).